
La ley holandesa antiespeculación muestra sus limitaciones en Amsterdam
Ámsterdam trata su parque de vivienda privada de forma casi clandestina. Prácticamente no hay carteles de se alquila o se vende en ventanas o portales. Tampoco abundan los escaparates de inmobiliarias que anuncien qué inmuebles tienen disponibles. La mayoría de profesionales del sector son autónomos que intercambian información sobre propiedades entre sus clientes, a cambio de una comisión.
Una excepción cerca de la casa de Anna Frank y del barrio rojo anuncia un apartamento en alquiler por 2.500 euros al mes. Tiene 114 metros cuadrados y está en Osdorp, uno de los barrios en los que nadie quería vivir hace unas décadas pero que se ha vuelto atractivo por los nuevos desarrollos inmobiliarios. En la misma inmobiliaria hay una casa con jardín por 5.300 euros, cinco habitaciones, situada en Heemstede, una zona residencial a las afueras de Ámsterdam.
La ley contra la compra especulativa, puesta en marcha por el Gobierno holandés en 2022, ha hecho que algunos propietarios hayan decidido vender sus viviendas, en lugar de tenerlas alquiladas. Esto a su vez ha provocado que haya menos apartamentos en alquiler y que los precios suban. Así lo hizo el antiguo casero de Bianca y Adrián, ambos españoles residentes en Ámsterdam. Esto les llevó a tener una primera reunión con un asesor financiero que les animó a valorar la compra. “Nos dijo que en tres o cinco años lo tienes amortizado: es lo que hubiéramos seguido pagando en alquiler y si decidimos vender es muy factible que ganemos dinero”, relata Adrián.
“Nuestra hipoteca la pago con dos días a la semana trabajando en una tienda. Eso es totalmente inviable para mi en España. Es un estudio pequeño, pero está a nuestro gusto, en un buen sitio”, explica Bianca.
Esta ley contra la especulación es en la que ahora se inspira Catalunya y de la que ya está viendo las primeras consecuencias la capital holandesa. Esta norma, que sacó al mercado de compra estudios y pisos pequeños en la ciudad, limita en los 637.000 euros las viviendas en las que los compradores están obligados a residir durante al menos los cuatro primeros años. Según Adrián, lo que ha provocado la norma es que los compradores “tardan más en especular”.
“La ley me perjudica porque los caseros quieren vender y hay gran demanda de pisos de alquiler”
El casero de otro residente en Amsterdam, Facundo, argentino que lleva una década en la ciudad, también decidió vender el piso que tenía alquilado. “Estuve durante dos meses quedándome en casas de diferentes amigos, hasta que encontré un nuevo piso de alquiler”, explica. “Personalmente, la ley me afecta para bien porque evita que se especule con la vivienda barata. Pero también me perjudica porque los caseros quieren vender y hay mucha demanda de pisos de alquiler”, resume.
Sobre lo que Barcelona podría aprender de Ámsterdam, Hans Koster, catedrático de Economía Urbana e Inmobiliaria de la Universidad Libre de Ámsterdam, y codirector de Housing Lab, una iniciativa que busca aportar conocimiento sobre vivienda, apunta que “yo no alargaría mucho este tema: los alquileres han subido. Si el problema es que los alquileres suben demasiado rápido, entonces habría que aumentar la oferta de viviendas.
Su conclusión es crítica con la ley antiespeculación. “Los precios no han bajado y no está claro cuáles son los beneficios de la ley, porque el mercado privado es bastante pequeño”, y añade que “la política no aborda el problema fundamental, que probablemente sea muy similar al de Barcelona, donde la oferta de viviendas es simplemente insuficiente. No hace que aparezcan más viviendas por arte de magia”,
Tina, una holandesa de 42 años que trabaja cerca de la universidad subraya que no ha notado ningún cambio en la vivienda desde que la ley está en marcha. “Llevo viviendo 16 años en un piso de alquiler social y no creo que cambie, no me puedo permitir los precios del mercado”, explica.
Un análisis de Pararius y Huurwoningen, dos portales especializados en vivienda, muestra que los precios de los alquileres subieron un 26,4% desde 2022, cuando entró en vigor la ley.
La crisis de la vivienda es un problema global, pero afecta de forma más intensa a ciudades que reciben mucho turismo, que son atractivas para profesionales extranjeros y que no pueden crecer por limitaciones geográficas, como Ámsterdam o Barcelona. También suele ser un problema en urbes donde la vivienda pública es escasa, pero no es el caso de la capital de Países Bajos donde el Estado es el propietario del 30% del parque de vivienda. Esto no ha salvado a la ciudad de varias crisis de vivienda, la última en los últimos años.
Faltan 10 millones de viviendas en la UE
El Parlamento Europeo aprobó en marzo un informe en el que insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a reducir la burocracia y así agilizar la construcción de vivienda. La Eurocámara cifra en 10 millones el número de pisos y casas que faltan en la UE. Por ello, consideran que la solución principal para abordar la subida de los precios pasa por construir y aumentar el número de viviendas disponibles. “La crisis de acceso a la vivienda es real y exige respuestas valientes, pero limitar la compraventa en función del uso o del precio difícilmente ataca la raíz del problema. Si no se incrementa la oferta de vivienda y no se reducen las trabas para construir, este tipo de restricciones pueden tener efectos limitados e incluso desincentivar la inversión”, defiende Borja Giménez Larraz, eurodiputado y ponente del informe sobre la crisis de la vivienda. El Parlamento también propone medidas que incentiven a los propietarios a poner sus viviendas en alquiler. Según el experto holandés Hans Koster, “los impuestos a las viviendas vacías” son más efectivos que los beneficios fiscales y tienen un impacto sobre los alquileres vacacionales.