La ley del olvido
Un total de 93 cargos políticos siguen pendientes de su aplicación
La ley de amnistía aprobada hace dos años ha beneficiado a un total de 403 personas, de las cuales 181 son manifestantes o activistas independentistas, 158 policías y 64 cargos políticos, según datos de la plataforma de abogados Alerta Solidària. Dos años después, siguen pendientes de su aplicación un total de 93 cargos políticos. Se trata de aquellos casos que estaban a la espera de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que este jueves les ha dado la razón. Entre ellos figuran Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, declarados en rebeldía y con una orden de detención dictada por el Tribunal Supremo; así como Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, que fueron indultados de la pena de prisión por el delito de sedición por el que fueron condenados, pero no de la pena de malversación, que implicaba la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Existe además un bloque de 35 ex altos cargos de la Generalitat que continúan pendientes de que se les retire formalmente la responsabilidad civil y contable por los gastos del 1-O y de la promoción exterior del procés. El Tribunal de Cuentas paralizó la aplicación de la amnistía para plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE, lo que mantiene retenidas de forma preventiva sus fianzas y bienes. En este grupo se encuentran, además de los citados anteriormente, el expresident Artur Mas, el exconseller Andreu Mas-Colell y decenas de ex secretarios generales, interventores y delegados de la Generalitat en el extranjero.
Entre los políticos pendientes de aplicación se encuentra Puigdemont, Junqueras y los encausados por el Tribunal de Cuentas
Además, existe una causa en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que afecta a dos altos cargos de ERC, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, considerados los arquitectos de las estructuras de Estado. No han sido juzgados y, a pesar de que solicitaron la aplicación de la ley de amnistía, el tribunal paralizó la decisión a la espera de lo que resolviera el TJUE. Por su parte, los 35 miembros del sottogoverno de Puigdemont, que se encargaron de los preparativos del referéndum , fueron finalmente amnistados sin llegar a juicio. Por otra parte, el conseller de Interior Miquel Buch, logró ser amnistiado a pesar de haber sido condenado cuatro años y medio de cárcel por malversación por haber contratado del escolta de Puigdemont.
Para el resto de colectivos, la ley de amnistía ha tenido una aplicación desigual dependiendo del órgano encargado de resolver cada caso y ha beneficiado en cifras similares tanto a manifestantes encausados como a policías investigados por la desproporción de sus actuaciones. Desde junio de 2024 se ha aplicado el olvido penal a un total de 181 manifestantes independentistas y 158 agentes de policía.
Amnistiados 181 manifestantes independentistas y 158 agentes de policía
Dentro del primer bloque se encuentran los 12 CDR acusados de terrorismo en la Audiencia Nacional. El tribunal elevó una cuestión prejudicial al TJUE al considerar que perdonar delitos de terrorismo de forma selectiva vulneraba la directiva europea de lucha antiterrorista. Este jueves, el tribunal europeo dio la razón a los investigados y consideró pertinente la aplicación de la amnistía. Entre las causas pendientes de amnistiar se encuentran numerosos participantes en protestas y cortes de tráfico que se sucedieron tras el 1-O. Uno de los casos es el de un corte de carretera que tuvo lugar el 8 de noviembre de 2017 entre Abrera y Martorell, cuyos participantes, pese a solicitar la amnistía, todavía no han obtenido respuesta. En cambio, un juzgado de Granollers amnistió, por ejemplo, a 44 independentistas que bloquearon el tráfico en octubre de 2019 en la carretera C-17, a la altura de l’Ametlla del Vallès, para protestar contra la sentencia del procés. El juzgado acordó el archivo de la causa antes de la celebración del juicio.
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Alerta Solidària denuncia que, mientras la aplicación de la amnistía a los policías ha sido prácticamente automática, no ha sucedido lo mismo con muchos manifestantes y activistas encausados, a quienes se les ha denegado o paralizado la medida a la espera de una respuesta del TJUE. Un total de 158 agentes de policía se han beneficiado de la ley de amnistía. La mayoría fueron policías nacionales y guardias civiles - 46 - que fueron investigados por su participaron en las cargas contra los votantes en varios colegios electorales de Barcelona
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Las acusaciones, en representación de las personas lesionadas, se opusieron a la aplicación de la amnistía al considerar que podían haberse cometido delitos contra la integridad moral, así como torturas o tratos degradantes, excluidos de la nueva ley. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona concluyó que “ninguno de los hechos superó el umbral de gravedad necesario para excluir la aplicación de la amnistía”.
Existe, no obstante, una excepción. Se denegó la amnistía a cuatro agentes investigados por haber disparado pelotas de goma durante la celebración del referéndum del 1-O contra Roger Español, un manifestante que perdió un ojo por el impacto de uno de esos proyectiles. En ese caso, el tribunal argumentó que el delito de lesiones quedaba excluido de la amnistía cuando hubiera supuesto la pérdida de un órgano principal.