Además del contenido de los teléfonos de Rodolfo Reyes y de Miguel Palomero, la defensa del expresidente del Gobierno reclama que se anulen las resoluciones judiciales que originaron la causa
La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sigue presentando escritos en busca de la nulidad de la causa, conocida como caso Plus Ultra, contra él. Ya ha puesto en entredicho el contenido del teléfono de uno de los investigados, Rodolfo Reyes, aportado por las autoridades estadounidenses, y el de las conversaciones de un abogado, Miguel Palomero, procedente de una investigación por blanqueo francesa. Asimismo, pide la nulidad de otra lista de documentos y acusa a la Fiscalía Anticorrupción de llevar “investigaciones paralelas”.
En un escrito, al que ha tenido acceso La Vanguardia , la defensa de Zapatero sostiene que es el juez de instrucción quien debe llevar las riendas de la investigación y no la Fiscalía ni la Policía. “No son admisibles las investigaciones paralelas, ni el solapamiento de quienes intervienen en la persecución penal, ni las actuaciones que vayan en contra de asumir sin reservas el papel y la autoridad del juez de instrucción como director único de la investigación penal, lo que somete al resto de quienes intervienen en el procedimiento a las decisiones del instructor”, recoge en su escrito.
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Concretamente, la defensa pide la nulidad general de las actuaciones y en particular de doce resoluciones judiciales ante una vulneración del “derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso justo con todas las garantías, el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y el derecho a la presunción de inocencia”.
Para empezar, su abogado, Víctor Moreno Catena, considera que el origen de la causa está viciado porque nunca se debió tramitar en el juzgado de Madrid que en su día archivó el procedimiento por el rescate de Plus Ultra sino que se debía haber presentado una denuncia independiente.
“La denuncia tenía que haberse enviado a reparto y no teledirigirse al juzgado de instrucción número 15 de Madrid, aunque eso pudiera resultarle más conveniente a la denunciante (la Fiscalía Anticorrupción), consiguiendo una tramitación más acelerada. Al no remitirla a reparto, se vulneró el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley”, sostiene el letrado.
Lo que ocurre es que en este asunto, Anticorrupción presentó su querella en el 2025 contra una serie de pesonas por presuntamente haber blanqueado el dinero del rescate concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en la Audiencia Nacional y fue la Sala la que rechazó la competencia y consideró que por antecedentes debía ser enviada al juzgado de Esperanza Collazos.