Cátedra de la UCM
El Gobierno denuncia una actuación “desproporcionada” y habla de “persecución”, mientras la oposición exige explicaciones a Pedro Sánchez
La resolución del juez Juan Carlos Peinado de dar por concluida la instrucción contra Begoña Gómez y enviarla a juicio ha desencadenado una inmediata batalla política entre el PP y el PSOE.
Aunque el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se pronunció a primera hora del sábado, antes de conocerse la resolución judicial, su intervención marcó el tono de una jornada en la que el principal partido de la oposición retrató al PSOE como una “máquina de escándalos”. “Siempre hay un escalón más en la degradación moral”, denunció durante un acto celebrado en Sueca (Valencia), donde reclamó pasar página en las urnas a un presidente del Gobierno “tan asediado por sospechas de corrupción”.
Tras conocerse la decisión del instructor, el secretario general del PP, Miguel Tellado, decidió elevar aún más el tono. El número dos de los populares declaró que la apertura de juicio contra la esposa del presidente constituye un nuevo episodio de la crisis que, a su juicio, rodea al Ejecutivo, y acusó a Sánchez de haber convertido “la Moncloa en una guarida de delincuentes” y al Gobierno en una “organización criminal”. “Ni un día sin su escándalo”, escribió en la red social X antes de exigir responsabilidades políticas y reclamar la convocatoria de elecciones anticipadas: “Entréguense y colaboren con la Justicia. Elecciones ya”.
Frente a la ofensiva del PP, el Gobierno cargó contra el instructor denunciando una actuación marcada por la “desproporción”. Desde la Moncloa hablan de “persecución” contra el entorno de Pedro Sánchez y atribuyen la actuación del magistrado a una “obsesión” con la esposa del presidente.
Fuentes del Ejecutivo han puesto además el acento en las medidas cautelares acordadas por Peinado, al considerar que no existe riesgo de fuga que justifique la retirada del pasaporte o la prohibición de abandonar el país. En la Moncloa contrastaron esta decisión con otros pronunciamientos judiciales recientes, en especial la negativa del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama a retirar el pasaporte al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al entender que la notoriedad pública y el arraigo de los investigados hacían inviable cualquier riesgo real de sustracción a la acción de la Justicia.
A juicio del Gobierno, la resolución conocida ayer evidencia una actuación “desproporcionada” y refuerza las dudas que viene expresando sobre la instrucción. En la misma línea se pronunció el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien lamentó que fuera “un día nefasto” para los que creen en la Justicia. Pese a ello, aseguró que sigue confiando en ella y se mostró convencido de que “la razón y la verdad se acabarán imponiendo”. “¿Quién reparará el daño causado?”, se preguntó.
También el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, cargó duramente contra la resolución. El dirigente socialista la calificó de “atropello sin precedentes” y puso el foco en lo que considera una “fijación”, un “ensañamiento” y una “ausencia de garantías” en la instrucción desde su inicio. “Así no se defiende el Estado de derecho, se erosiona”, advirtió.
El PSOE, a nivel institucional, marcó el tono de la respuesta socialista cerrando filas en torno a Begoña Gómez y al presidente del Gobierno. En un comunicado difundido tras conocerse la resolución, los socialistas insistieron en que la esposa de Pedro Sánchez es “inocente” y denunciaron que durante los últimos dos años se ha intentado construir una condena pública sin pruebas con el objetivo de desgastar políticamente al jefe del Ejecutivo.
La dirección del partido califica de “desmedidas” y “desproporcionadas” las medidas cautelares acordadas por el juez y sostiene que resultan injustificables después de una investigación que, a su juicio, no ha acreditado la comisión de ningún delito. Los socialistas insisten en que se trata de una “persecución injusta” contra Gómez que busca utilizar su figura como “arma política” contra Sánchez y que está causando un grave daño tanto a la afectada como a la confianza de los ciudadanos en la Justicia.
Lejos de mostrarse a la defensiva, el PSOE aprovechó la ocasión para reivindicar una respuesta política frente a quienes, a su entender, pretenden condicionar la vida pública a través de los tribunales. “No vamos a consentir que puedan con nosotros”, se conjuró la formación prometiendo seguir actuando “con toda la fuerza del PSOE” frente a quienes acusan de hacer “juicios políticos” y de “judicializar la política”.
Jupol también carga contra Peinado
El sindicato Jupol de la Policía Nacional ha calificado de “auténtica barbaridad” que el juez Juan Carlos Peinado sostenga que “no cabe duda” de que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que escoltan a diario a Begoña Gómez pueden “facilitar” una “fuga” de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”. El sindicato argumenta que los profesionales que integran la escolta de Presidencia desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales. Por todo ello, el sindicato considera “imprescindible” una rectificación del juez Peinado por “unas manifestaciones que, además de carecer de base alguna, proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones”.Una posición que también ha compartido el Sindicato Unificado de Policía (SUP), organización mayoritaria en el cuerpo, que ha expresado su rechazo a cualquier insinuación que cuestione la profesionalidad, la integridad o la lealtad institucional de los agentes encargados de la protección de autoridades. El SUP ha recordado que los policías nacionales actúan siempre sometidos a la ley y que no están obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilegales, por lo que ha advertido de que presentar a la Policía como un eventual riesgo para el Estado de derecho carece de fundamento. “La Policía Nacional no es un riesgo para el Estado de derecho; es una de sus principales garantías”, ha subrayado la organización.